La Comisión Europea ha
emprendido acciones jurídicas ante el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea contra España por no cumplir con los planes de
gestión de residuos según la Directiva europea en cuatro
comunidades autónomas cuyo objetivo es reducir los efectos
negativos en la salud humana y el medio ambiente de la gestión de
residuos.
La Directiva tenía como
plazo límite para establecer los planes de gestión hasta el 12 de
diciembre de 2010 y evaluarlos cada seis años. Sin embargo puesto
que España no cumple con sus obligaciones en el plazo establecido de
informar a la Comisión, esta envía una carta de emplazamiento en
2016 a España y después en julio de 2017 emite un dictamen motivado
sobre el incumplimiento de sus obligaciones ; además el Tribunal de
Justicia de la UE había dictado en marzo de ese año una sentencia
declarando el incumplimiento por parte de España de la Directiva
(sentencia declarativa) al no adoptar las medidas necesarias en 61
vertederos.
Como España no está
aplicando la sentencia del Tribunal de Justicia , la Comisión ha
decidido enviar una carta de emplazamiento a España antes de llevar
el asunto al Tribunal y pedir una sanción financiera. Por tanto si
en el plazo de los próximos dos meses España no actúa, la Comisión
podrá enviar un dictamen motivado ( iniciando la fase contenciosa).
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